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Desarrollo y medio ambiente

21 de junio de 2010

ES enormemente negativo para el fomento de la inversión y el crecimiento económico el hecho de que el Gobierno andaluz ofrezca bandazos en sus planteamientos económicos en función de las estrategias variables, la personalidad de los consejeros o la correlación de fuerzas interna en cada coyuntura. Sólo así se explica, por ejemplo, que en 2008 se aprobara un decreto sobre campos de golf sumamente restrictivo para la iniciativa privada y deudor de los planteamientos ecologistas más nítidos, y ahora, en 2010, después de meses de tiras y aflojas, el Consejo de gobierno ha dado a la luz otro decreto que se sitúa en las antípodas del primero. La nueva normativa elimina las severas restricciones a la construcción de viviendas anexas a las instalaciones golfísticas que se imponían en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), lo que suponía una discriminación objetiva a los pequeños municipios; agiliza la tramitación de los campos, que, una vez declarado su interés turístico, no tendrán que aguardar a que los demorados planes territoriales fijen sus características y limitaciones, y pospone la autorización ambiental a fin de que no paralice las gestiones. Es cierto que la flexibilización en este ámbito no llega precisamente en el mejor momento, ya que actualmente, a causa de la crisis, son escasas las iniciativas de construcción de campos de golf en las provincias andaluzas. Conviene, de todos modos, que existan unas reglas de juego claras, como las que necesita cualquier actividad económica, para que no se malogre un subsector que concentra el 25% de la oferta existente en España, generando unos ingresos anuales de 500 millones de euros y atrayendo a cientos de miles de turistas de alto poder adquisitivo. Lo que decimos vale también para otros ámbitos, como el de los numerosos espacios naturales protegidos en la comunidad autónoma. Constituyen una riqueza cuya preservación es ineludible, pero es evidente que durante años se han extremado las medidas proteccionistas hasta superar lo razonable y constituir en ocasiones un freno a los emprendedores, como denuncian los alcaldes implicados. No hay una varita mágica que solucione las dificultosas relaciones entre el crecimiento económico y la conservación medioambiental. Lo que cabe es que se imponga el sentido común y ninguno de los dos factores en conflicto ahogue y obstaculice el otro. La Junta no puede cambiar tanto de opinión.

Fuente: www.diariodesevilla.es

 

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