El Archivo de Aranguren está formado por más de 25.000 documentos, de ellos casi 18.000 cartas recibidas por el filósofo de numerosos políticos, escritores, profesores y académicos con los que mantenía cierta relación, tales como Manuel Fraga Iribarne, Miguel Boyer, Camilo José Cela, Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez, José Agustín Goytisolo, Luis Goytisolo, y muchos más.

Destacan asimismo otros documentos privados, entre ellos 30 agendas personales, dibujos, cuadros, carteles y más de 500 fotografías, así como diversas peticiones de colaboración y asesoramiento de asociaciones y partidos políticos, y otros documentos relacionados con los movimientos sociales, religiosos y culturales de su entorno.

Todos estos documentos del archivo pueden consultarse en el portal digital de la biblioteca mediante una autorización previa. La digitalización de este fondo documental por parte del CSIC tiene como finalidad la salvaguarda de una parte importante de nuestro patrimonio histórico (cultural y sociológico-político) de la segunda mitad del siglo XX, desde la perspectiva de uno de sus actores destacados, y va a ser de gran ayuda para los investigadores del citado periodo.

Han empleado 10 años (desde 2002) y 50 millones de dólares para ofrecer acceso a las fuentes originales, así como documentación fundamental sobre el arte del siglo XX en Latinoamérica y las comunidades latinas de Estados Unidos.

Entre los documentos del archivo, que ya se puede consultar gratuitamente desde el pasado 20 de enero en http://icaadocs.mfah.org, hay multitud de artículos periodísticos sobre arte, cartas privadas o catálogos, y en su primera fase consta de 10.000 documentos originales.

El ‘Proyecto de Archivo Digital y de Publicaciones’ en que está enmarcado el archivo digital mencionado, ha sido dirigido por la doctora Mari Carmen Ramírez, directora del ICAA, con la ayuda de un Consejo Editorial de 16 investigadores. Se trata de facilitar el acceso a los documentos relacionados con los movimientos artísticos de México, Centro y Sudamérica, el Caribe y los Estados Unidos.

Según Mari Carmen Ramírez: “Este es el primer archivo digital de este tipo en el mundo (…). El archivo tiene que ver con los orígenes de la identidad. Es un instrumento político para la construcción de identidad (…). Permite ver a América Latina y a los latinos de los EE.UU. como parte de una comunidad y de una identidad flexible, que no se limita necesariamente a las barreras geográficas o nacionales”.

En definitiva, una iniciativa excelente, especialmente para los estudiosos del tema, pero también para el público en general interesado en el arte latinoamericano del pasado siglo, que podrán consultar gratuitamente infinidad de documentos, la mayoría de ellos originales, sobre los movimientos artísticos de unas culturas, en principio, heterogéneas, pero que tienen mucho en común como, por ejemplo, el idioma.

Los documentos catalogados fueron entregados al Ayuntamiento hace casi dos años por Salvador Puig, y con ellos se han creado dos fondos documentales, a los que hay que añadir los de la actual distribuidora de agua, La Crevillentina, S.A., propiedad municipal desde 1962.

El Archivo Municipal cuenta, por tanto, en la actualidad, con los documentos de:

-”La Font Antiga”, creada en la Edad Media y que fue el origen del Sindicato de Aguas.

-La Sociedad Minera, denominada popularmente como “La Cata”. Llegó a haber más de 30 minas en Crevillent.

-La fábrica de ‘Alfombras Hijos de Augusto Mas’.

-El propio Ayuntamiento y su gestión del municipio.

En cuanto a la Font Antiga o Mina del Poble, fue la única agua que poseía la villa de Crevillent hasta finales del siglo XIX. El sistema de canalización original consistía en una galería subterránea por donde discurría el agua por gravedad, con pozos de aireación cada cierta distancia. Los documentos que se han catalogado de este fondo datan desde mediados del siglo XIX hasta 1984, incluidos proyectos de construcción de cauces de agua o el inventario del archivo del Sindicato de Aguas del año 1886, que ya pertenecían al Ayuntamiento.

Los documentos aportados incluyen, entre otros, los “Libros de actas del Sindicato de Aguas, de la Junta General de Propietarios y del Tribunal de Aguas de la Fuente Antigua”, entre los años 1894 y 1900; los “Libros-registro de ventas de tandas de agua”, entre 1874 y 1928; los “Libros de las Cuentas de Depositaría”, entre 1852 y 1925; diversas ordenanzas sobre organización y distribución del agua de riego, del año 1884; solicitudes de licencia de obra para construir brazales y acequias, entre los años 1881 y 1924.

La Sociedad Minera San José y María, ‘La Cata’, fue constituida ante notario el 6 de julio de 1873, con el objetivo de llevar agua de riego al oeste y sur de la villa. Se han aportado a este fondo documental los “Libros de actas de la Junta General de Accionistas”, entre 1975 y 1983; de la “Junta Directiva”, entre 1928 y 1976; los “Libros-registro de acciones”, desde el 8 de agosto de 1873; planos constructivos de acueductos y acequias de la segunda mitad del siglo XIX.

Que cunda el ejemplo de esta iniciativa de preservar documentos históricos en el Archivo Municipal para evitar daños o la, por desgracia, tan habitual pérdida de documentos muy útiles para los investigadores y el público en general.

La inversión para poner en marcha esta línea ha sido de más de medio millón de euros. Para su amortización, se ha tenido en cuenta la reducción en el transporte que conlleva estos materiales con su consiguiente impacto ambiental (es decir, la reducción en las emisiones de CO2), así como el incremento en el valor añadido de los materiales recuperados, en forma de mejora en el rendimiento de su reciclaje posterior. Hay que tener en cuenta, además, que se crean cinco nuevos puestos de trabajo, a sumar a los 52 ya existentes en la planta de reciclaje.

Los pequeños aparatos electrónicos que se separan en la línea para su reciclaje, suponen el 30% del total de aparatos eléctricos y electrónicos que llegan a la planta tras su recogida selectiva. Los residuos se separan en una mesa especial, en dos partes:

-Una formada por las pantallas de televisores y ordenadores, las CPU de los ordenadores, las pilas, los acumuladores, los tóners de impresoras,… para su descontaminación.

-Otra formada por pequeños electrodomésticos, herramientas de bricolaje, juguetes electrónicos, pequeños aparatos médicos, equipos de audio y vídeo, teléfonos,… que tras ser descontaminados, se trituran para poder separar las partes metálicas y las plásticas, obteniéndose así los diferentes materiales valorizables que podrán ser vendidos a las empresas de reciclaje correspondientes.

Esta planta de Aznalcóllar es la única en España capaz  de gestionar la totalidad de aparatos eléctricos y electrónicos que se recogen selectivamente. En 2011 gestionó más de 21 millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La planta tiene una superficie de 24.500 metros cuadrados y requirió una inversión inicial de más de 9 millones de euros.

Ha habido varios casos en las últimas elecciones municipales (Ayuntamientos de Barcelona, Aranjuez…), así como en alguna de las autonómicas, como es el caso de Castilla-La Mancha. También se puede mencionar las denuncias por destrucción de documentos en la Diputación de Granada.

El caso de Castilla-La Mancha saltó a la palestra a finales de agosto de 2011, a raíz de un informe del Servicio de Informática de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha realizado en 22 de julio, en el que se indicaba la destrucción de archivos por indicación del usuario o usuarios responsables, o directamente por ellos, algunos de los cuales formaban parte del Gobierno saliente. Desconozco si se ha llegado ya a denunciar el tema judicialmente, pero esa era la idea.

En los municipios mencionados de Barcelona y Aranjuez, la oposición ya ha pedido no sólo las explicaciones correspondientes, sino medidas cautelares para impedir el traslado de documentos y su posible destrucción. Ha habido denuncias en los medios de comunicación, con fotos de los furgones donde eran trasladados los documentos. En el caso de Aranjuez ha tenido que ser un juez quien impidiera el traslado o la destrucción de documentos, y la nueva alcaldesa se encargará de que se realice una auditoría para que se aclare la deuda del municipio, que según ella alcanzaría los 162 millones de euros.

Por último, en el caso de la Diputación de Granada, las denuncias presentadas el 13 de junio de 2011 por la posible destrucción de documentos en la institución provincial, y después de que abriese la fiscalía las oportunas diligencias, tales denuncias fueron posteriormente archivadas. En este caso, hubo un cruce de acusaciones y denuncias entre el presidente en funciones de la Diputación y el partido de la oposición, por un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos y un posible delito de calumnias, de no ser ciertas las primeras acusaciones.

Esta destrucción de documentos de la que hablamos, seguramente forme parte tan solo del funcionamiento habitual de las administraciones públicas (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Diputaciones…) y así debería ser considerado. Continuamente se ven obligados a la destrucción de documentos, que previamente han digitalizado o almacenado de alguna otra manera que ocupe menos espacio (eso no significa, por tanto, que se elimine información importante). Para ello, tales administraciones públicas deben acudir siempre, como las empresas privadas, a un servicio de destrucción de documentos seguro, además de rápido, ecológico, etc. Siempre es mejor esto, que no encontrarse grandes cantidades de papeles con datos privados de personas y empresas en el contenedor de la esquina. El servicio de A15Servicios es el ideal para estas tareas.

En otro estudio del mes pasado realizado por Verizon, especialista en redes, se podía comprobar cómo el impacto potencial de los robos de documentos o archivos informáticos por los empleados era bastante mayor que las amenazas externas, llegando a triplicarse el riesgo de robo por parte de los propios empleados que por parte de personas ajenas a la empresa.

Por tanto, se hace imprescindible un óptimo sistema de control de la información (fundamental para mantener un negocio) que prevenga y minimice el riesgo de robo de documentospor parte de los empleados, protegiendo a la vez al propio negocio y manteniendo la buena reputación de la empresa.

Según Florian Kastl, para minimizar el riesgo de robo, se necesitaría implementar las siguientes propuestas:

1. Identificar y priorizar toda la información de la empresa, incluidos todos los documentos legales, los datos financieros, el plan de marketing, la base de datos de los clientes y de los empleados, la propiedad intelectual, etc.

2. Establecer procesos internos que reduzcan el riesgo de robo y controles rigurosos para la información más importante. Debería incluirse una auditoría con un informe de cuándo, dónde y cómo el personal contacta con la información a proteger. Se podrán identificar así los puntos de mayor vulnerabilidad para establecer accesos restringidos. Habrá que proveerse de la tecnología adecuada para la correcta custodia de la información importante tanto dentro como fuera de las instalaciones. Deberá definirse, asimismo, una política clara y pública ante posibles actos que violen la información de la empresa.

3. Asegurarse el respaldo de la política de protección de la información de la empresa por parte de Recursos Humanos, para que establezca sólidos procesos de selección de personal y una estrategia coherente de despidos, que intente evitar que empleados que son contratados por la competencia se lleven documentos con información confidencial.

4. También es fundamental una buena gestión en la destrucción de documentación, que pueda evitar que información sensible pueda caer en manos indeseadas.

Los documentos muestran cómo en 2006 se hablaba de un enfriamiento del mercado inmobiliario, y únicamente se consideraba como el peor escenario, un declive ordenado de tal mercado.

La junta de gobernadores de la FED no dio señales de alarma, más bien al contrario, vio el enfriamiento del mercado inmobiliario como un elemento positivo de ajuste. Entonces, el presidente de la FED era Alan Greenspan, aunque ese año de 2006 fue sustituido por el actual presidente, Ben Bernanke.

Como muy bien sabemos ahora, fue a comienzos de 2007 cuando estalló la mayor crisis financiera en EE.UU. tras la Gran Depresión de 1929, debido a las denominadas ‘hipotecas basura’ (o ‘subprime’), después contagiada al resto del mundo, especialmente a Europa.

Bernanke ha reconocido varias veces que existen fallos en la predicción de riesgos, pero insiste más en que son debidos a la falta de regulación adecuada que a errores en la política monetaria, exculpándose así de toda responsabilidad. Claro que entonces había mucha gente que alababa a Alan Greenspan como defensor de la no regulación.

En los documentos ahora editados en la prensa, aparece también retratado el entonces presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Timothy Geithner, que ahora es Secretario del Tesoro, y que tampoco vio signos ni probabilidades de debilitamiento del ritmo de crecimiento de la economía norteamericana.

Después de publicarse los documentos no ha faltado quien se ha lanzado a defender la actuación de la FED una vez que estalló la crisis financiera, mientras que otros la han acusado de alimentar la ‘burbuja’ en su día al mantener durante demasiado tiempo los tipos de interés bajos.

The New York Times señala que los documentos muestran no tanto la falta de información, sino la incapacidad para comprender lo que estaba ocurriendo, y a la excesiva confianza en los modelos económicos predictivos.

Hace ver que el empleo de las nuevas tecnologías para los documentos públicos no debería ser diferente en cuanto a la necesidad de un “tercero de confianza que garantice la seguridad jurídica de las comunicaciones telemáticas”, y ese tercero de confianza es el notario. Este funcionario público debe identificar a los otorgantes, asegurar su capacidad y legitimación y dar fe de que el consentimiento ha sido libre y se adecúa a la legalidad vigente.

El colectivo de notarios en España tiene ya los medios electrónicos necesarios para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de realizar en su nombre, vía on line, muchos trámites tales como el pago de impuestos, la consulta de registros, la remisión de copias electrónicas, etc., con el consiguiente ahorro de costes y la mayor rapidez de las gestiones.

Según Francisco Javier Barreiros, el sistema actual de prestación telemática del Notariado es el más avanzado del mundo, en cuanto a su seguridad y al número de copias electrónicas de las escrituras públicas remitidas a los registros. También en cuanto al cumplimiento de las exigencias legales respecto a la conservación de documentos notariales.

La contratación por medios electrónicos conlleva problemas para la identificación de aquéllos que se relacionan por esos medios y problemas para validar la formación de la voluntad de los intervinientes. Por tanto, es necesaria la plasmación en el documento del cumplimiento de todos los requisitos legales para la validez del negocio jurídico; la plasmación documental de una relación válida entre los interesados.

En definitiva, se considera necesaria la figura del notario público en todos los documentos públicos, incluidos los que se pueden llevar a cabo por medio telemáticos, es decir, los documentos electrónicos.

Considera la LOPD que tales datos deben de ser especialmente protegidos y, por tanto, su tratamiento debe conllevar ciertos condicionamientos. Por ejemplo, el interesado debe saber que tiene derecho a no dar información sobre su ideología o sobre sus creencias religiosas.

Sólo podrán ser tratados con el consentimiento expreso y escrito del interesado, los datos referentes a su ideología, religión o afiliación sindical, excepto en el caso de los ficheros propios de los partidos políticos, comunidades religiosas, sindicatos, fundaciones u otras asociaciones sin ánimos de lucro, si bien la cesión de tales datos requiere siempre el consentimiento expreso del afectado.

En cambio, otros datos, como los referentes a la raza o grupo étnico, la salud o la vida sexual, solamente podrán ser obtenidos, tratados y/o cedidos con el consentimiento expreso del interesado, o por razones de interés general, mediante una disposición legal específica.

La creación de ficheros de datos para almacenar documentación sobre ideología, religión, razas o vida sexual está expresamente prohibida. Y los datos referentes a infracciones penales o administrativas únicamente podrán figurar en los ficheros de las Administraciones correspondientes, según los supuestos que se prevén en las normas reguladoras.

El año 1962, correspondió al Papa Juan XXIII la celebración del Concilio Vaticano II, que fue anunciado el 25 de enero de 1959 en una de las salas de la Basílica Ostiense (de San Pablo).

Esta exposición conmemorativa con documentos originales de aquel Concilio se titula “Sanctus Paulus extramoenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum II” y permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre de 2013, es decir, durante todo el Año de la Fe.

Los valiosos documentos de la muestra incluyen los textos autógrafos de los discursos de Juan XXIII tanto para el anuncio del Concilio como para la apertura del mismo el día 11 de octubre de 1962 en la Basílica Vaticana.

Otro documento que será expuesto es el llamado “pasaporte de servicio para el extranjero”, entregado en 1963 a Karol Wojtyla, y que le permitió participar en el Concilio Vaticano II.

Asimismo, se incluyen en la muestra las primeras páginas y fotografías del periódico L’Osservatore Romano, y también monedas, medallas y estampillas de aquella época. El nuevo sello postal vaticano, conmemorativo de los cincuenta años del Concilio, podrá también verse en la exposición.

Se realizará un video de unos quince minutos con soporte de archivos en audio de Radio Vaticano, donde se podrá escuchar la voz del Papa Roncalli y ver imágenes inéditas de aquel periodo.

Además de todos estos documentos históricos, se podrán ver diversos objetos litúrgicos, como el cáliz que Juan XXIII donó a la Basílica Ostiense aquel 25 de enero de 1959 en que fue anunciado el Concilio Vaticano II.

Por último, mencionar que habrá una copia de la Biblia carolingia (el original es del siglo IX) y del Codex Pauli, que contiene textos apócrifos y contribuciones de varios patriarcas, obispos y cardenales.